Ay, estos abogados sin escrúpulos que van “cazando”, y, lo que es más grave en unos letrados, “sin base legal”, a esa gente que sin saberlo firmó préstamos hipotecarios con cláusulas suelo y que ahora quiere recuperar lo que ha apoquinado de más.
Como es sabido, en su noble afán por impedir que todos los ciudadanos contribuyentes acabemos pagando los descalabros de sus cuentas de resultados, los bancos redactaron, sin informar a los ciudadanos clientes, contratos hipotecarios de tipo variable que establecían una cuota mínima. Vamos, que el tipo variable se convertía en fijo si la referencia bajaba más de un determinado porcentaje, alrededor del 3%. Debe ser algo tan infumable que hasta al Tribunal Supremo español no le pareció bien, y falló que esas cláusulas con falta de transparencia eran nulas por abusivas. Pero, mira qué cosas, restringió la retroactividad a la fecha de su sentencia (mayo de 2013). Puso este límite, como pusieron los bancos el suyo, para no causar “trastornos graves con trascendencia en el orden público económico”. O sea, velando por el bolsillo de los ciudadanos todos. Algunos han calculado que de este modo los bancos se ahorran unos 10.000 millones de euros que han cobrado de más. Otros, que 3.000 millones. Ya se sabe que la información financiera es precisa y matemáticamente exacta.
El caso es que a la Comisión Europea no le ha gustado nada el susodicho límite, según un informe que recurre al simplón argumento de que, si la cláusula es nula, lo es desde que se empezó a aplicar, y no desde una fecha arbitraria. Con lo cual los bancos tendrían que devolver todo lo ingresado por estas cláusulas, no solo desde mayo de 2013. Pero, de momento, la Comisión no los obliga. Hay que esperar a ver qué opina el Tribunal de Justicia de la UE.
Al informar sobre todo esto, algún que otro medio rarito, como eldiario.es, se centró en que “la eliminación total de las cláusulas suelo podría salvar a miles de hipotecados del desahucio”. Pero la mayor parte de la prensa española, en línea con el Tribunal Supremo, ha puesto el acento, como es lógico, en el gravísimo problema que entraña la retroactividad para las arcas de los menesterosos bancos y sus aterrorizados accionistas y directivos.
Y, mientras se espera el pronunciamiento del tribunal europeo, hay bufetes de abogados que quieren convencer a los afectados de que recurran a los juzgados para que los bancos abusadores les devuelvan todo lo que les han cobrado en exceso. Menos mal que, una vez más, un periódico independiente, en este caso El Economista, destapa sus malas artes sin pararse en barras, en la noticia más destacada de su portada.