De todos es sabido que los turistas vienen a Madrid, básicamente, por las terrazas. Doy fe de ello. En los paseos que Pilar y yo solemos dar por el centro de la capital, rara es la ocasión en que no se nos acerque una pareja de turistas mapa en mano para preguntarnos ―a veces con circunspección y disimulo pero con sonrisa cómplice, como si se interesaran por una actividad clandestina pero consentida― dónde se encuentra la afamada terraza del café tal, o del bar cual, o del restaurante tal y tal, o, sin más, dónde hay una terraza. En casos como este último sospechamos de inmediato y mantenemos alerta nuestros sentidos. No olvidamos una ocasión, en París, en la que nos abordó un parlanchín turista italiano para preguntarnos dónde se encontraba la torre Eiffel. En un tris estuvo de arramplar con nuestras pertenencias cuando, engreídos por la sapiencia que atesorábamos sobre los monumentos de la ciudad del Sena, le dimos la espalda y miramos hacia la torre, que alzaba su gigantesca mole a menos de un kilómetro del lugar donde nos hallábamos.
Antes los turistas buscaban el Prado o el Thyssen; ahora buscan terrazas
Hace algunos años, en Madrid, los turistas buscaban el museo del Prado o el Thyssen, o el palacio Real, o el parque del Retiro. Eran otros tiempos. Ahora, invariablemente, buscan terrazas. Y no es que lo diga yo; me remito a la autorizada opinión de un experto en el asunto, el secretario general de la Federación Española de Hostelería, Emilio Gallego: “Hay que proteger las terrazas porque son uno de los mayores atractivos que tiene esta ciudad”. Sí, señor. Tenemos que protegerlas, pobrecitas terracitas desvalidas, con sus enternecedoras cañitas y jarritas, no vaya a ser que por no hacerlo dejen de venir los turistas.
No dudo que sea cierto, como asegura el ayuntamiento, que ocho de cada diez terrazas del centro de Madrid carezcan de permiso o tengan expedientes abiertos por incumplir la normativa. Porque ahí está la gracia. Eso es lo que quieren los turistas: terrazas ilegales, impunes incumplidoras de las normas, que invaden, se apropian y amurallan el espacio público, que obstaculizan ―o impiden, sin más― el paso de la gente por plazas y aceras, que generan jarana y ruido por la mañana, por la tarde y, en especial, de noche y de madrugada. Fiesta, estridencias, alcohol, muy typical spanish. Nuestra economía depende de ello. La ciudad se empobrecería si fuese de otro modo.
Por eso ruego a los responsables del consistorio que no solo no sancionen a estos valerosos y audaces hosteleros que consiguen montar veladores en sitios inverosímiles saltándose la ley a la torera (¡ooolé!), sino que promulguen unas ordenanzas más restrictivas, pero, como ahora, sin perseguir a los infractores. El turismo agradecerá la dosis extra de adrenalina y placer culpable al saber que es mayor el peligro de mentirijillas que corre acudiendo a esas bulliciosas terrazas clandestinas donde todo es posible y el espectáculo está asegurado: desde desafinados coros de chillones cantantes ebrios hasta patéticos vecinos que aúllan de desesperación en las ventanas de sus pisos porque no los dejan dormir, provocando estruendosas risotadas que animan, aún más si cabe, el bullanguero ambiente (ya lo decía el dueño de un bar de La Latina, hace falta ser gilipollas para vivir en el centro y reclamar el derecho al silencio nocturno). En consecuencia, los ingresos de los hosteleros aumentarán y crearán más empleo, y habrá más riqueza y prosperidad para los madrileños.
“Hay que ser gilipollas para vivir en el centro y reclamar derecho al silencio”
Quienes objetan que este plan perjudica los ingresos municipales se equivocan por partida doble. Por un lado, porque, como aseguran sabios economistas y prestigiosos ministros del ramo, la creciente riqueza de la ciudad se trasladará inevitablemente ―mágicamente― a sus arcas. Por otro, porque el ayuntamiento, imitando la estrategia del fisco, podrá poner todo su celo y su menguado equipo de inspectores en vigilar de cerca a los timoratos, conocidos y controlados propietarios de esas dos de cada diez terrazas que cumplen las leyes sin que se les caiga la cara de vergüenza por su comportamiento antiturístico. Es más fácil, porque los cumplidores son muchos menos que los infractores; es más justo, porque son los que nada innovan ni arriesgan, y no solo en materia de defraudación, y es más eficaz, porque si la nueva normativa es, como debiera, lo bastante estricta, ambigua y discrecional, se les podrá coser a multas y las abonarán con diligencia, en tanto que sus intrépidos colegas hallarían el modo de escaquearse y de agotar los escasos recursos del municipio en perseguirlos en vano.
A.S. LORENZO | 5 DE JULIO DE 2016